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¿Cómo entender a un país que tiene cifras económicas menguadas, pero positivas, defendidas a ultranza por la presidenta y sus ministros, mientras las encuestas muestran un estado de ánimo temeroso, desconfiado, al borde de la depresión? La aparición de inflación y los crecientes precios de energía eléctrica y combustibles se amortiguan oficialmente aduciendo su origen externo y, simultáneamente, se asegura que Chile está en inmejorables condiciones para enfrentar esta crisis internacional. La gente, por su parte, señala que su futuro económico se percibe peor. No cree en las palabras de consuelo o justificación, y se retroalimenta de dudas y pesimismo.
¿Cómo entender a esa señora o señor que lleva más de un año usando el Transantiago sin pagar? No tiene vocación de estafadora ni ladrón; ambos ruegan que sus hijos aprendan en la escuela más que ellos, que tengan vidas decentes, que sean respetuosos de los derechos de los demás. Y, sin embargo, a pesar de una campaña publicitaria tras otra, se suben al bus y no pagan el pasaje.
¿Cómo entender al ministro o subsecretaria, llamados a servir al país en un cargo ejecutivo y que, desde el 10 de febrero del 2007, titubean ante cada proyecto de ley, se asustan de la posibilidad de que las cosas no salgan como se pensaron y dilatan la implementación de políticas públicas que se necesitan?
Chile está enfermo de sospecha desatada, padece un ataque de inseguridad institucional y se encuentra en un proceso agudo de informalización de confianzas públicas. Así como, cuando la economía no funciona, surge una economía paralela, informal, de individuo en individuo más que de mercados abiertos, así también una sociedad dominada por la desconfianza hacia la cooperación y el recelo ciudadano sobre sus autoridades, tiende a establecer relaciones egoístas, utilitarias, amparadas en la idea de sobrevivencia.
En este contexto, la credibilidad en las instituciones que nos identifican como país, que ha crecido con la lentitud de la palmera, cae con la velocidad del coco.
La confianza como activo nacional
Está en la boca de todos: Chile tiene depositados decenas de miles de millones de dólares en bancos extranjeros. Nunca se había tenido una situación de cuentas públicas tan holgadas, gracias a una política de ahorro fiscal responsable y el buen aprovechamiento del alto precio del cobre. La discusión es de si hablamos de 20, 30 o más de 40 mil millones de dólares generando intereses en bancos estadounidenses y europeos. El ministro a cargo de las finanzas públicas advierte frecuentemente que no deben usarse esos dineros irresponsablemente, populistamente o emocionalmente, porque son la base de nuestra robustez económica, un seguro ante eventuales crisis internacionales mayores y pilares del futuro nacional en una era globalizada.
Se trata a esos dineros como un activo del Estado, hasta el extremo de no usarlos para que sigan actuando como respaldo del sistema económico.
¿Por qué a la hora de evaluar la confianza ciudadana en sus autoridades e instituciones no se ocupa el mismo criterio? Si las platas depositadas afuera hubiesen disminuido como lo han hecho los indicadores de confianza pública en los dos últimos años, el país estaría al borde de una guerra civil. Los escándalos de corrupción no serían de poca monta, sino legendarios; no habría críticas a la gestión sino a la indecencia de las autoridades; el ministro de Hacienda no podría caminar por las calles y las evaluaciones internacionales sobre nuestra solidez institucional vendrían en picada.
La confianza pública no se considera un activo tangible, sujeto de establecerse como cuenta nacional, que se entrega de gobierno a gobierno, de generación a generación, como una posta olímpica, capaz de ser estudiado y estimulado, buscando legar más confianza pública de la que se recibió, sujeta su práctica a verificación permanente y su falencia a corrección instantánea.
Una razón para no considerar este "estado de ánimo" como activo del Estado es la mitología sobre su naturaleza. La confianza ciudadana no es equivalente a la suma de obras públicas de un periodo presidencial. No se reduce a la reputación del líder de turno. No son kilómetros de discursos autovalorando la consecuencia moral y la vocación de servicio público de los políticos. No son toneladas de premios, diplomas universitarios y reconocimientos en el extranjero a autoridades de todo tipo. No es la consecuencia de innumerables campañas publicitarias, ni fluctúa al ritmo de los disparates o genialidades del vocero de turno. Ni es el mero trabajo sucio de los medios de comunicación, insaciables en lo que vende o buscando mejorar sus opciones ideológicas. No se impacta seriamente la confianza ciudadana a punta de "golpes de timón", tirones de oreja públicos y cambios de gabinete.
La enorme tentación, cuando baja la confianza ciudadana, de apelar a las emociones y a la nostalgia, o a regalar dinero en dosis homeopáticas, revela una visión utilitaria del estado de ánimo de la población. Como si fuera el nativo de las viejas revistas Disneylandia, que cambiaba todo su oro por unas cuentas de vidrio.
Si la credibilidad y confianza públicas fueran tratadas como activos físicos del país, vitales para la estabilidad institucional y con la obligación de ser cuidadas y expandidas como parte de todo programa de gobierno, buscando que se encarnen en la vida cotidiana, por lo menos tres elementos deberían ser metódica y científicamente valorados, medidos y evaluados, como si obedeciera al trabajo concreto de un ministerio o superintendencia reales.
Ellos son: la gestión del engranaje público; el estado nacional de presunción de inocencia o beneficio de la duda; y el nivel de racionalidad del votante democrático.
La liturgia de la gestión diaria
Sobre la gestión gubernamental se ha hablado más que suficiente. Y con razón. Los proyectos de modernización del Estado han tenido diferentes nombres y apellidos, según el presidente o ministro que los reflota. Con el Transantiago, hemos aprendido algunas cosas en materia de gestión: hay políticas públicas que tienen impactos más visibles en la confianza ciudadana que otras. Pero es la percepción de acumulación de desaciertos e ineficiencias la que consolida la idea de indolencia y maltrato del aparato público sobre el ciudadano, lo que Sergio Melnick graficaba en su "lista de lavandería" semanal de escándalos acumulados, cuando estaba en Tolerancia Cero.
El problema de la mala gestión es que crea incentivos perversos, todos los cuales se basan en la desconfianza absoluta de que la institucionalidad funcione. Cuando una empresa o persona coimea a un funcionario público, o bypasea las normas porque ve que ellas no se cumplen para todos, su única excusa a la hora de ser descubierta es argumentar que "todos lo hacen", o que eludir las reglas fue la única opción ante el arbitrio y la discriminación.
Creo que parte de la solución es concebir y evaluar a toda repartición pública como si fuera la Superintendencia de Valores y Seguros. Esta organización -al margen de la calidad profesional de los superiores- tiene plena conciencia de que todos sus "clientes" tienen avanzados niveles de información técnica, acceso a medios de comunicación y abogados, lo que se les haga genera impacto en la Bolsa de Comercio y en socios internacionales, conocen alcaldes, parlamentarios y ministros. La seriedad de la imagen del país financiero se deriva en buena parte de que el regulador sea eficiente, dé razones claras y sea justo en el trato. El costo de la ineficiencia se advierte de inmediato, en público y en privado. ¿Cómo obtener similares niveles de responsabilidad y conciencia públicas, en oficinas que reparten subsidios rurales, que evalúan los niveles de excelencia de profesores, que reparten el correo y atienden gente por ventanilla? Esa tremenda rutina burocrática estatal, desde solicitar los derechos de agua hasta sacar carnet de identidad, forma lo que los músicos de jazz conocen como base de bajo y platillo (ride), sobre la cual aflora la inspiración de los demás intrumentos, dándole a la obra su estructura medular, un pie de apoyo para la creatividad y el alto vuelo.
Sin esa gestión eficiente en la liturgia diaria, esa base de confianza en el trámite obligatorio, el impacto de la política pública errónea no se percibe como excepción, sino como la coronación de una sucesión de mediocridades, corrupciones y malos tratos.
La presunción de inocencia
Chile ha sido educado por más de un siglo en la desconfianza del prójimo que es acusado de cometer un delito. La encargatoria de reo de antes, y la formalización del imputado de hoy, en lo penal, son para la mayoría de los chilenos equivalentes a la culpabilidad del afectado. Años de procesos secretos, acusaciones desconocidas, sumarios bajo reserva, transformados en titulares descollantes a la hora de estallar la noticia en la forma de una declaración de reo o formalización, han dejado al país incapacitado de ofrecer la presunción de inocencia. No importa que la ley estipule que esa presunción es mandatoria hasta que se pruebe lo contrario, las percepciones han sido formadas en la sospecha.
Hace algunos años una autoridad le advertía a un particular de alto perfil: "Recuerde que yo causo daño cuando me querello". Todo el contenido de la frase se basaba en la seguridad de que, tras la simple presentación de una querella, el peso de la desconfianza pública contra el querellado se le venía encima por añadidura.
¿Cuánto se ha invertido en la presunción de inocencia? Esta no es una pregunta retórica, es concreta y tiene que ver con la educación en la evidencia, la opinión informada y la capacidad de sacar conclusiones a partir de datos ciertos. Es cosa de colegios y liceos, de herramientas cívicas que se practiquen por décadas, de transformar el debate en un ramo obligatorio, de invertir en asociatividad y cooperación desde la cuna.
También tiene que ver con los déficits de conocimientos matemáticos de la población, lo que el profesor de la Universidad de Temple, en EE.UU., John Allen Paulos, llama el hombre anumérico. La ignorancia de estadísticas y álgebra básicas impide ponderar la razón de los balances, usar porcentajes y leer gráficos; limita las posibilidades de advertir obvias fallas a la lógica, impide comparar las frecuencias de actos aquí y allá, dificulta ordenar argumentos según sus probabilidades y niveles de certeza.
El peor escenario en este rubro para la confianza pública no es un ambiente de mentiras, que vaya desde el periodismo hasta la política y la empresa. En este campo, la credibilidad ciudadana, lo contrario a la verdad no es la mentira. Es que las cosas se presenten como suficientemente ciertas, sin más comprobación que la tesis coincida con la opinión propia. Es el "algo habrán hecho" incondicional de antaño transformado en una narración que se sienta como verdad, pero sin evidencia real detrás de ella.
¿Cuánta información se necesita hoy para declarar que todos los políticos son corruptos o los empresarios explotadores desenfrenados? ¿Un caso con nombre y apellido proyectado a todo el grupo? ¿Una sola secuencia de imágenes siguiendo a una serie de concejales y extrapolando a toda la autoridad municipal tras la conclusión del despilfarro? ¿Cuándo la suma de fragmentos se transforma -en la mente del ciudadano- en el promedio nacional?
La composición de un escenario donde baste con establecer la plausibilidad de una negligencia o delito ha sido fruto de estudios recientes, en torno al papel de las nuevas tecnologías de comunicación en la limitación de la búsqueda de evidencia a firme.
El votante irracional
Otra variable que podría ser activamente analizada para sopesar la confianza pública es el nivel de racionalidad del votante democrático. James Surowiecki, autor de la "Sabiduría de las Masas", que trata de la sorprendente certeza de la opción colectiva sobre la opinión del experto, desde concursos televisivos hasta la elección de rutas de sobrevivencia, plantea que "en la ausencia de confianza, el interés egoísta y miope es la única estrategia que parece tener sentido".
Confirma esta tesis el economista Bryan Caplan, que viene hace años estudiando lo que denomina irracionalidad del elector. En un ambiente donde el voto individual no se percibe como trascendental para cambiar las cosas, donde se repite una y otra vez que está todo cocinado por la inercia del sistema, la opción que aparece como óptima es mantenerse ignorante. ¿Para qué tomarse la molestia de informarse, de separar la paja del grano, de estudiar los candidatos y evaluar las políticas públicas que ellos ofrecen, si mi voto no vale nada ni es capaz de alterar lo que está mandado, mande quien mande, como dice Serrat?
Más de dos millones de personas son electoralmente invisibles en la realidad chilena. No se han inscrito y no participan de votación alguna. Del resto, un porcentaje creciente es "irracional" (no se comporta electoralmente como un ser informado), no está en condiciones de argumentar factualmente en qué hechos se sustentan sus opiniones políticas y, en la medida que la confianza pública siga deteriorándose, están en la antesala de votar en la absoluta y cómoda ignorancia política, donde les es indiferente dónde ponen la raya vertical.
Una de las consecuencias indeseadas de una democracia con estas características es que las decisiones trascendentales se vuelven materia de minúsculas elites. Este fenómeno se ha llamado el Milagro de la Agregación y plantea que en un contexto donde el 100% de los votantes es ignorante, ante dos opciones que les den lo mismo, la distribución de sus votos será estadísticamente dividida en la mitad. Para que la definición tenga drama, imagine que se trata de una elección entre Gandhi y Hitler. Sin embargo, si sólo el 99% es ignorante y hay un 1% que vota informadamente, la distribución de la ignorancia será de 49,5 para Ghandi y 49,5 para Hitler, decidiendo la minoría informada quién gobierna. Se le llama milagro, porque parece un seguro de la democracia contra la locura del voto indolente o a la suerte de la olla. Pero apunta a que en un clima de intensa desconfianza pública e institucional, donde el voto individual se percibe como irrelevante, optando la gran mayoría por permanecer indiferente a los contenidos de la política, las decisiones clave del país las definen grupos en el margen que se mantienen bien informados. Ojalá que no se equivoquen.
Vigilar el estado de ánimo del país no es un acto de sicología social. Es un índice de la estabilidad de los intereses de la gente y sus autoridades. Es un activo heredable, una cuenta nacional que debiera tener un seguimiento en programas escolares y políticas públicas. Como las platas depositadas en el exterior, que se cuidan como debiera cuidarse la confianza pública.
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