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Hernán López, intendente de Valores y Armando Massarente, fiscal de Valores de la SVS.
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En el décimo piso de un edificio en pleno centro de Santiago dos ingenieros reciben una alerta. Un software especialmente diseñado enciende las alarmas e informa que algo está ocurriendo. El brusco movimiento en el precio de una acción puede significar varias cosas.
Así es como comienza cualquier investigación en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el organismo regulador que está en boca de todos en el mercado, sobre todo después de las sanciones que aplicó en la fusión entre D&S y Falabella.
En Alameda 1449 -donde funciona la SVS- saben que están en la mira. Dentro del edificio, el hermetismo es la cultura. Las normas de seguridad son exhaustivas y el propio superintendente Guillermo Larraín día a día debe encriptar sus e-mails y triturar las actas de los casos que analiza.
Por primera vez, el ente fiscal abrió sus puertas para conocer cómo es su estricto modus operandi y quiénes son los encargados de vigilar el correcto funcionamiento del mercado.
El software delator
El programa computacional que da pie a cualquier investigación -el primer paso- cuenta con información detallada de los movimientos normales de los títulos, lo que le permite detectar con facilidad cuándo una transacción se escapa de los rangos normales. Además los profesionales de la SVS cruzan esa información con las recomendaciones de compra o venta de los analistas de bancos de inversión, con el fin de descartar su influencia en la oscilación y mantienen una relación fluida con los operadores de bolsa. Los llaman directamente por teléfono para consultar qué está ocurriendo.
Al final del día los profesionales entregan un reporte con las alertas. Pero si el comportamiento de una acción es absolutamente anormal, ya sea por montos o por variaciones de precios, el aviso es enviado en forma inmediata para ser analizado.
La información recabada es traspasada vía e-mail a las diferentes divisiones de supervisión que componen la Intendencia de Valores. Las dos más importantes son: Control de Intermediación de Valores y Control Financiero, cuya responsabilidad es supervisar a las sociedades anónimas.
Esta última es una de las más grandes dentro de la SVS: está compuesta por 32 profesionales, en su mayoría ingenieros comerciales o contadores, y dos asistentes. De hecho, cuenta con analistas específicos para cada empresa o grupos de empresas, los que están constantemente examinando la información que se genera en torno a éstas, ya sea por las alertas que llegan desde la unidad de monitoreo como por las noticias que aparecen a través de la prensa.
En caso de que no haya una explicación que justifique el alza o baja de una acción, se le envía un oficio a la compañía pidiéndole información. Algunos de estos oficios incluso son públicos y se publican en la página web de la SVS.
Investigadores herméticos
Pero cuando la respuesta de la sociedad sobre el movimiento de sus títulos no deja tranquilos a los miembros de la unidad o si se verifica que las alzas de acciones concuerdan con algún hecho reservado que la compañía ha dado a conocer a la SVS, entra en acción la División de Investigaciones.
Creada en 2001, luego de que el caso Chispas demostrara la necesidad de contar con un equipo especializado en investigación de infracciones a la Ley de Valores, es considerada uno de los grupos de trabajo más herméticos dentro de la
Superintendencia. Sus dependencias en el piso 10 se encuentran separadas del resto del edificio y sólo pueden acceder a éstas quienes trabajan ahí, con su correspondiente tarjeta con clave de acceso. No pueden ser entrevistados por la prensa ni menos fotografiados.
Se trata de un equipo de diez personas, entre ellos ingenieros comerciales, auditores y abogados, comandados por Carlos Pavez, ingeniero comercial de la Universidad Católica y además abogado de la Universidad de la República.
Ellos son los encargados de recabar todos los antecedentes cuando se detectan posibles infracciones, ya sea por manipulación de precios, deber de abstención o mal uso de información privilegiada. Para eso cuentan con tecnología de última generación a través de un moderno software que fue incorporado en 2004 a la Superintendencia y que se actualiza permanentemente con los últimos estándares.
El programa posee un sistema de minería de datos (data mining) que permite trabajar con grandes bases de datos y hacer regresiones, gráficos y cruces. El software es una de las herramientas más potentes existentes hoy en día para poder obtener información y relaciones a partir de datos, que de otra manera sería imposible determinar. De hecho, las principales entidades fiscalizadoras del mundo, como la Securities and Exchange Commission y la Financial Services Authority de Reino Unido, poseen tecnología similar.
Es esta división la que además tiene la misión de tomar declaraciones a los afectados en una investigación o a los testigos que puedan ayudar a esclarecer el caso. En los interrogatorios, que se realizan en una pequeña sala ubicada al interior de las dependencias de la División de Investigaciones, pueden participar más de dos personas, pero siempre tiene que estar presente un abogado y un ingeniero, generalmente la misma dupla que se designa para investigar un caso determinado. Las preguntas son directas.
Ciencia del interrogatorio
La capacitación a los funcionarios para tomar declaraciones se realiza al interior de la misma división, aunque existe la idea de que es necesario avanzar hacia mecanismos de interrogación más avanzados, lo que todavía es una tarea pendiente.
Según explica el intendente de Valores, Hernán López, se trata de un trabajo que tiene mucho de "ciencia y de arte, porque la idea es ir cerrando espacios a través de determinadas preguntas y ver cuándo se contradicen".
Armando Massarente, fiscal de Valores, dice que muchas veces hay gente que se molesta y que en la época que él tomaba declaraciones (antes de que asumiera como fiscal el 2001 y que se creara la División de Investigaciones), los interrogados en general terminaban asumiendo que se habían expuesto innecesariamente a una sanción porque habían hecho algo "pensando más con el estómago que con la cabeza". Aunque, por lo general, los afectados se declaran inocentes.
Una de las tareas más importantes de la División de Investigaciones es justamente ésa: establecer las redes de relaciones de los directores y ejecutivos de las sociedades anónimas inscritas en el Registro de Valores. De esa manera se puede verificar si puede haber traspaso de información privilegiada a sus conocidos o familiares.
Además de los interrogatorios, una de las principales funciones del equipo de investigación es identificar las redes de contactos, ya sean familiares o comerciales de los directores de empresas y ejecutivos de las sociedades inscritas en el Registro de Valores. Para lograr esto la división tiene acceso a diferentes fuentes de información. Posee un convenio con el Registro Civil, tiene acceso a Diicon y a fuentes de información públicas, como los mismos datos que las empresas informan a la SVS y las publicaciones que se realizan en la prensa. Cruzando estas informaciones se puede llegar a establecer el grado de relación entre una persona que tuvo acceso a información privilegiada con quien la utilizó.
Aun así, el mismo Hernán López reconoce que la SVS no tiene facultades para acceder a registros telefónicos, cuentas bancarias o bases de datos privadas, a no ser que el propio investigado lo autorice. "Si uno ve en otros países más desarrollados hay facultades mayores para investigar. La SVS ha planteado en más de una oportunidad el contar con más facultades, pero muchas iniciativas se han abortado en el camino, como el registro telefónico por ejemplo. Entonces en general lo que hacemos es que esa prueba, que muchas veces va en beneficio de la parte afectada, la entrega el mismo investigado", afirma.
Miles de sospechosos
Aunque la División de Investigaciones trabaja en el día a día actualizando sus bases de datos y cruzando la información de éstas, el mapa de las redes de contactos de un individuo en particular tiende a profundizarse cuando se investiga un caso específico.
En esa oportunidad, se les pide a las empresas involucradas que informen quiénes estaban al tanto de las negociaciones. Así ocurrió por ejemplo con la fusión de D&S y Falabella. En este caso las empresas informaron los nombres de todas las personas que conocían del proceso. De esta manera los investigadores pudieron establecer si las transacciones realizadas días antes de hacerse público el acuerdo de fusión tenían correspondencia con éstas. De hecho, en un principio la lista inicial de personas que habían comprado acciones llegaba a 50 mil; luego ésta se acotó a 5 mil. Y sólo 8 personas fueron multadas.
"La sensación que tenemos es que las personas no perciben el alcance que tiene la Superintendencia en el acceso a la información. No perciben que quizás nosotros podemos saber que su hermano trabaja en la compañía que negoció cierta operación. En la medida que hemos ido perfeccionando este acceso hemos ido llegando a lugares a los cuales mucha gente no se imaginaba que podíamos llegar. Y estamos todavía a años luz de los mercados más desarrollados", dice López.
En ese sentido, agrega que hay un caso en Estados Unidos en el cual la SEC sancionó a una persona porque a través del código postal pudo establecer que había traspasado información privilegiada a su vecino cuando cortaban juntos el pasto. "Creo que estamos bastante lejos de llegar a eso, pero me siento satisfecho con lo que estamos haciendo hoy día".
Los primeros investigados
La Superintendencia de Valores y Seguros es uno de los organismos del mercado que más información privilegiada recibe. A sus oficinas llegan diariamente más de un hecho reservado. Por esta razón, los mecanismos de control son especialmente estrictos con sus empleados.
Desde enero de este año existe un reglamento interno que determina cuándo sus funcionarios pueden realizar transacciones. En él se establece por ejemplo que los analistas de determinado valor tienen prohibición de comprar acciones de la compañía a su cargo, que el superintendente puede prohibir temporalmente la realización de operaciones específicas, que cualquier transacción debe ser comunicada al jefe de la División de Investigaciones y que todas las prohibiciones afectan además a los familiares directos de los empleados y a sus socios comerciales.
Para transparentar aún más esta situación, cada vez que se investiga un caso, los primeros nombres que se revisan son los de los empleados de la SVS que tuvieron acceso a la información y sus respectivas redes de contactos. Hasta ahora, nunca ha habido un caso de un funcionario afectado.
Nombres en clave
Otra forma de resguardar la información es a través de passwords individuales para acceder a las bases de datos donde se guarda la información confidencial.
Así ocurre por ejemplo con los expedientes de los casos que se investigan y con los hechos reservados que las compañías envían al organismo regulador para informar que se encuentran en medio de una negociación.
La seguridad tiene que ser a todo nivel. Por eso los miembros del comité de sanciones -Hernán López, Armando Massarente y el propio superintendente, Guillermo Larraín- reconocen que cuando se envían mails entre sí con información sobre los expedientes que se investigan, les ponen nombres inventados para que quien mire el computador no pueda enterarse de qué se trata. Incluso, las minutas que utilizan cuando se reúnen a analizar los casos, son destruidas en una trituradora de papeles.
El círculo de hierro de Larraín
Aunque es el superintendente la voz y la cara visible de la SVS, no trabaja solo a la hora de aplicar sanciones. La responsabilidad recae en dos personas más: Massarente y López. Su deber es aportar la visión técnica y legal a todas las decisiones que adopta el comité de sanciones. Las reuniones se realizan todos los martes en la oficina central de la SVS, en el piso 12. Ahí sus tres miembros se informan de los avances de los casos que se investigan, deciden si formalizar una causa o no y aplican las sanciones que estiman pertinentes.
Massarente y López reconocen que las horas del comité muchas veces se han alargado cuando han tenido que ver casos complejos y que incluso en una oportunidad se quedaron hasta las cinco de la mañana redactando un fallo.
Ambos profesionales son de los empleados más antiguos del organismo y por sus manos han pasado las principales transacciones realizadas en el país en los últimos 30 años. Su conocimiento del mercado y la historia que llevan en la SVS, los convierten en el principal referente del superintendente a la hora de tomar decisiones.
De bajísimo perfil -de hecho ésta es su primera entrevista-, López se desempeña desde hace 24 años en la Superintendencia. Luego de participar de un concurso público llegó como analista a la SVS directo desde la Universidad Católica, donde estudió Ingeniería Comercial con mención en Administración,. Después de cuatro años en la División de Estudios, partió a Barcelona a realizar un MBA en el IESE y regresó dos años después a la División de Intermediarios de la SVS. Asumió como intendente en 1994, cuando Daniel Yarur era superintendente.
La figura de López es reconocida en el mercado como técnica y apolítica. De hecho no milita en ningún partido. Descrito como afable e inteligente por sus regulados, se destaca por la claridad con que maneja los conceptos de regulación y por su profesionalismo. "Yo conozco mucha gente del mercado por los años que llevo trabajando en esto, pero yo les digo que un día puedo estar almorzando con ellos y al otro estar sancionándolos, no me hago problemas con eso", aclara.
Armando Massarente es abogado de la Universidad Católica y lleva 32 años en la SVS. Llegó a los 29 años como abogado de la fiscalía y fue nombrado fiscal el año 2001, cuando Pedro Mattar pasó a la Fiscalía Nacional Económica.
Entusiasta, con mucho sentido del humor y directo en sus observaciones, Massarente es el principal responsable de que se sigan e interpreten bien las normas del mercado de valores. "Es una persona muy estricta y con mucho apego a su función pública, que conoce muy bien la regulación y cómo aplicar las normas", dice un ex funcionario de la SVS que trabajó con él.
Aunque no forma parte del comité de sanciones, Carlos Pavez, el jefe de la División de Investigaciones es también otro de los hombres del círculo de hierro de la Superintendencia. Su gestión ha sido determinante en casos emblemáticos que ha debido enfrentar la SVS, como fue Inverlink. "La División de Investigaciones fue la unidad que logró desenmarañar toda la organización detrás de ese caso y cómo se cometían los ilícitos. De otra manera, el Estado no habría podido recuperar algo de los fondos perdidos", dice un ex colaborador de la SVS.
´´Queremos enfatizar la certeza que dan nuestros fallos``
Nadie en el mercado quedó indiferente frente a las últimas sanciones aplicadas por la SVS. En julio pasado ocho personas fueron sancionadas por uso de información privilegiada y falta al deber de reserva durante el proceso de fusión D&S-Falabella y hace una semana y media, la multa aplicada a los hermanos Gálmez dejó claro que el organismo regulador está más activo que nunca y que su rol fiscalizador se está potenciando cada vez más. Aquí, el superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, explica las razones y criterios que orientaron sus últimas actuaciones.
- ¿Qué opina de las críticas por el alto grado de discrecionalidad que tiene la Superintendencia de Valores y Seguros para sancionar?
- La Superintendencia tiene un margen importante de acción en el ámbito normativo e interpretativo de la ley. El esfuerzo que hace el Comité de Sanciones por utilizar bien esa potestad es sumamente claro. Las decisiones se toman por consenso. No actuamos en el vacío. Estamos llenos de leyes que nos regulan, leyes de probidad, de bases administrativas, de manejo del Estado. Pero lo más relevante, es que descansamos en la credibilidad y el respeto que nuestras decisiones inspiran. Y no podemos no estar conscientes de que esos son atributos que se pueden perder. Por eso queremos enfatizar la certeza que dan nuestros fallos y la seguridad de que se han considerado todas las aristas de los problemas y que se ha respetado estrictamente el debido proceso contemplado en la ley.
- El tema de la información privilegiada genera inquietud porque es difícil de probar…
- Ese es el problema que tenemos los reguladores de los mercados de valores en todo el mundo. Así que no es una novedad. Y en todas partes se recurre a las presunciones. Hemos sido sumamente cautelosos en establecer presunciones bien descritas, hemos establecido una presunción entre dos hechos ciertos y cuando no teníamos esos dos hechos ciertos no hemos sancionado. Por eso dentro de poco vamos a dar a conocer sobreseimientos que se han hecho en algunos casos.
- ¿Se van a dar a conocer todos los expedientes de los casos sobreseídos?
- No, se va a contar una pequeña historia en torno al caso y se van a dar a conocer los antecedentes que tuvo el comité de sanciones para sobreseer, pero no la empresa ni los nombres involucrados. En el pasado todos los sobreseimientos eran reservados, pero ahora vamos a ir dando a conocer algunos sobreseimientos que sean relevantes porque establecen o muestran un criterio. El sobreseimiento también ayuda, no sólo las sanciones son ilustrativas.
- Otro cuestionamiento importante ha sido el tema de la FECU. ¿Bajo qué criterio la Superintendencia parte de la base que per se es información privilegiada?
- Prefiero demostrar qué es información privilegiada. El valor de una acción, el precio, es el valor al infinito del flujo de las utilidades de una compañía. Así está definido. Las utilidades se actualizan a través de los estados financieros. Pero éstos son muchos más complejos, tienen cambios en temas de liquidez que no son obvios para el mercado y que son críticos. Empresas muy endeudadas tienen que parar procesos de expansión, tienen que reprogramar deudas, empresas que tienen conflictos unas con otras tienen que hacer provisiones. Todas esas cosas aparecen en los estados financieros.
-¿Pero eso en qué cambia?
En ese contexto tienes por un lado a una persona que tiene un conocimiento cierto de toda esa cantidad de temas: utilidad, liquidez, endeudamiento, contingencia. Y, por otro lado, tienes un montón de gente que pueden ser contraparte que a lo más tiene una proyección sobre cómo se podían mover esas cosas. Suponiendo que hubiera alguien en el mercado que tiene una expectativa tan certera que es exactamente lo mismo que tiene en la FECU, lo más probable es que esa persona no participe en la transacción porque para que haya transacción tiene que haber una expectativa distinta de la otra. Con eso queda medianamente claro que el estado financiero es información privilegiada y que para que haya transacción tienen que haber expectativas distintas.
- ¿Hay también un mayor énfasis de su parte en investigar más estos temas? ¿Un sello más personal quizás?
- A nivel global los temas de información privilegiada estaban incluidos en muy pocas legislaciones del mundo hasta hace treinta años. El gran fiscalizador de esto ha sido siempre Estados Unidos. Lo que vemos en los últimos años es un incremento importante en los esfuerzos por sancionar los temas de información privilegiada en Chile, pero también en otras partes como en Brasil.
- Coincide su llegada entonces con toda esta tendencia a hacer más supervisiones…
- Mi circunstancia ha sido que llegué en medio de un caso muy polémico (caso Piñera) y durante el año pasado hubo una cantidad importante de fusiones -entre ellas D&S- y todas ellas estuvieron precedidas por movimientos anómalos de precios y, en algunos casos, como en ése, hemos logrado identificar que hubo casos de uso de información privilegiada. Esas son cosas que ocurrieron en el mercado, tal como en este año ocurrió la quiebra de la corredora Alfa, son cosas que obligan a tomar determinadas decisiones. En los casos de información privilegiada que nos tomó un año dos meses para zanjar, lo hubiéramos hecho antes si es que no hubiera estado el caso Alfa porque éste se llevó toda nuestra atención durante un mes y tanto.
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