|
Todo partió por culpa de unas vacas robadas. Porque la historia del satélite que hoy tiene a las ramas de las Fuerzas Armadas enfrascadas en una de las más duras competencias de los últimos años, no nació de ninguna orden de un general, almirante o comandante. No. La raíz de todo se remonta al 2003, cuando el entonces director del SAG, Carlos Parra, se dio cuenta de que una forma de poner control al contrabando de ganado era usando imágenes satelitales. Parecido a como lo hacía el OS3 de Carabineros para resguardar las fronteras. Fue así como comenzó a consultar expertos y se entusiasmó con el tema. Cuando al año siguiente lo nombraron subsecretario de Aviación, Parra pasaría de la curiosidad a la idea concreta de un satélite. Y partiría toda esta historia.
Hoy, cuando la decisión de comprar un satélite óptico está recién tomada por la presidenta Bachelet, las Fuerzas Armadas no logran ponerse de acuerdo en cómo actuar respecto al tema. Es decir, si el satélite ya será una realidad, la duda es qué hacer con él y los datos que se obtengan desde el espacio. Hay dos corrientes en pugna. Una es liderada por la Armada -con apoyo del mundo civil-, que sostiene que dado que las imágenes satelitales proveen beneficios más allá de la Defensa, su procesamiento debe hacerse en conjunto por las tres ramas y con participación de civiles. La segunda opción es la de la FACh, que postula que el tema quede a su cargo y desde allí distribuir las imágenes al resto. Entremedio de ambas, está el Ministerio de Defensa y su Subsecretaría de Aviación tratando de conciliarlas.
El accidentado comienzo
La discusión, en todo caso, se arrastra desde hace años. Cuando a fines de 2004 Bachelet dejó el Ministerio de Defensa para comenzar su carrera presidencial, se hizo todo un recambio a nivel de subsecretarios de esa cartera. Así llegó Carlos Parra a la de Aviación. Desde este nuevo cargo, contactó al hombre con el cual había trabajado el tema satelital como forma de encontrar vacas prófugas. Se trata de Rolando Hernández, un astrofísico de la Universidad de Concepción y fundador del Laboratorio de Teledetección Satelital de esta institución. Esta vez, la idea de Parra era más ambiciosa: lograr la compra del primer satélite chileno. Por eso, con la llegada de Parra, la Agencia Chilena del Espacio -comisión asesora presidencial creada en 2001 y dependiente de la Subsecretaría de Aviación- tomó un nuevo impulso.
Sin embargo, el proyecto no era barato -bordeaba los US$ 50 millones- y necesitaba el apoyo de las Fuerzas Armadas para comprarlo a través de la ley que destina parte de los recursos del cobre para compras de Defensa. La Subsecretaría tardó tres meses para tener lista su propuesta para adquirir un satélite óptico con fines tanto civiles como militares. Partieron presentándoselo a la Fuerza Aérea. "Aunque no hubo un 'no' rotundo, la respuesta fue tibia", recuerda una fuente cercana al tema. El Ejército, por su parte, prefería un satélite de comunicaciones -unas 10 veces más caro-, así que no había mucho que hacer. Fue entonces cuando surgió la oportunidad a través de la Armada.
En un almuerzo con el alto mando naval, Parra expuso la idea. "Y, para sorpresa de todo el equipo, la Armada enganchó altiro", señala una fuente. Más que el satélite mismo, lo que entusiasmaba a la Armada era la oportunidad tecnológica que daba ingresar al sistema espacial y aprender a construir estos aparatos. Y aunque preferían un satélite radárico -que sirve incluso en días nublados, pero cuyo costo era más del doble de lo presupuestado-, comprometieron su apoyo, mientras se les diera una participación protagónica en el desarrollo del proyecto.
Ante ese escenario, las otras ramas decidieron no quedarse fuera. Comenzaron entonces las reuniones formales, los presupuestos y las condiciones. Finalmente, a fines de 2005 y con la firma de los tres comandantes en jefe para pasarlo por la ley del cobre, la empresa EADS -un consorcio multinacional europeo- quedó a cargo de proveer el satélite el 2010. El compromiso era tal, que incluso el presidente Lagos firmó un documento donde ordenaba la compra. Pero ésta no alcanzó a materializarse. Vino el cambio de gobierno y, con él, la división dentro de las FF.AA. por el tema.
Frustrado relanzamiento
Con la llegada de Michelle Bachelet a La Moneda, vinieron cambios: nueva ministra de Defensa -Vivianne Blanlot-, nuevo subsecretario de Aviación -Raúl Vergara-, y por lo tanto nuevas condiciones. A eso se sumó que el tema del satélite explotó en los medios y salieron voces que criticaron la "poca transparencia" del proceso de compra. "La cosa la pintaron como un negocio privado, sin licitación, avalado por Lagos, así que hasta ahí no más llegó", cuenta un cercano al proceso. También se cuestionó el sesgo de Defensa que tendría el proyecto. "Pero para ser un satélite sólo para Defensa resultaba una inversión un poco exagerada", explica Raúl Vergara, actual subsecretario de Aviación. Así las cosas, el gobierno tomó la decisión de cancelar todo y volver a fojas cero: comenzar una licitación, ojalá con plazos de entrega para el Bicentenario.
A las autoridades del nuevo gobierno que no habían participado del proceso anterior, les parecía natural que el tema se radicara en una y no en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Y como el espacio suele asociarse al tema aéreo -y desde el Servicio Aerofotogramétrico (SAF), la Fuerza Aérea siempre ha sido la que ha administrado la obtención de imágenes que satélites extranjeros proveen a Chile-, al nuevo equipo de Defensa le pareció lógico concentrar todo en la FACh, incluidos la instalación de las antenas y el procesamiento de los datos. El problema era que eso no había sido lo acordado previamente, donde se potenciaba un proyecto conjunto tanto en términos de presupuesto como de planificación. Al ser consultado si efectivamente la FACh pidió quedarse con ello, el subsecretario Vergara responde: "En pedir no hay engaño".
Sin embargo, la exposición del proyecto que la FACh le presentó al Ministerio de Defensa, a mediados de 2006, no terminó de convencer a Blanlot, quien por esa época tenía preocupaciones más urgentes, como su propuesta de un crédito blando para Haití y la permanencia de tropas chilenas en dicho país. Así el tema quedó otra vez archivado. Pero sólo por un tiempo.
Como el ave fénix
Mientras tanto, la Agencia Chilena del Espacio -encabezada por el subsecretario Vergara- seguía adelante con el proceso de licitación para comprar el satélite. Elevó una Solicitud de Información a 25 consorcios: 15 de ellos respondieron y 7 de ellos fueron seleccionados. A la recta final llegaron dos: la canadiense MDA y EADS Astrium, el mismo que tres años atrás estuvo a punto de proveerlo, pero que ahora había elevado su precio a US$ 70 millones, pues le habrían incluido nuevas funciones.
Aunque oficialmente no ha sido comunicado, el miércoles de la semana pasada la presidenta Bachelet dio la autorización final para la compra del satélite en una reunión en La Moneda con el actual ministro de Defensa, José Goñi, el subsecretario Vergara y el equipo de expertos. La proveedora elegida habría sido EADS Astrium. ¿Qué había pasado para que dos años después se decidiera reactivar el tema? Un volcán tuvo la culpa. Porque el desastre provocado por la erupción en Chaitén tuvo un coletazo inesperado para el proyecto estrella de las Fuerzas Armadas.
Entre los expertos que intervinieron en la discusión de ese desastre natural estuvo Rolando Hernández, el mismo que años antes había conversado con Carlos Parra sobre imágenes satelitales y vacas robadas, y que había estado en el proyecto original del satélite chileno. Su cercanía con la comunidad hizo que el ministro Goñi se interesara en escucharlo. Hernández le hizo una verdadera disertación de cómo las imágenes satelitales pueden agilizar la reacción de las autoridades en un desastre como éste. El ministro terminó por nombrarlo su asesor científico. Y el tema del satélite salió otra vez a flote en Defensa. Meses después, Bachelet daría el vamos a la compra.
¿La NASA chilena?
Aunque aún hay muchas dudas por despejar, el gobierno tiene claro que la coordinación tanto del satélite como de la carrera espacial chilena debe estar en manos civiles. "La idea es tener una institucionalidad nacional que se haga cargo, una agencia civil dirigida por civiles, en la que participen también las distintas ramas de las Fuerzas Armadas", asegura el subsecretario Vergara. Algo así como una NASA chilena, postura que es apoyada por la Armada, pues no quiere que el director de la agencia salga automáticamente desde la FACh. Consultadas sobre el tema, ninguna de las ramas castrenses quiso hacer declaraciones.
El ministerio, por su parte, sí está preocupado de no hacer distinciones. Por eso, al ensamblaje del satélite, posiblemente en las afueras de la ciudad francesa de Toulouse, "van especialistas de todas las ramas", asegura Vergara. La idea es aprender in situ, para obtener el background y, a futuro, armar absolutamente todo "made in Chile".
Se ha decidido también que la Agencia Chilena del Espacio, y la posterior institucionalidad que se cree, pasarán a manos de otro ministerio, para evitar cualquier crítica de "sesgo" de Defensa en el uso del satélite. Probablemente, dependa de la Secretaría General de la Presidencia. De hecho, Bienes Nacionales ya les cedió un edificio en calle Dieciocho para instalarse.
Eso será para las labores administrativas, porque el tema logístico quedará por ahora en territorio de la FACh. Las antenas serán instaladas en el SAF, donde en una primera etapa se procesarán también los datos. Pero esta determinación es sólo temporal, básicamente por un tema de presupuesto. "Al largo plazo, la idea es crear un centro de procesamiento de imágenes en un edificio aparte", cuenta el subsecretario. En todo caso, las universidades ya ofrecen alternativas cuyo financiamiento no saldría directamente del Estado, sino que combinaría aportes privados y académicos. Por ejemplo, la Universidad de Concepción - con el apoyo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad del Bio-Bío y la Universidad Santa María- tiene en carpeta un centro de procesamiento, cuya inversión superaría los US$ 3 millones.
|
