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El 8 de mayo pasado, el ministro de Economía, Hugo Lavados, y el abogado Jorge Carey dieron a conocer el fallo del tribunal del Ciadi respecto de la demanda que formuló Víctor Pey en contra el Estado de Chile. Junto a ellos se sentó el abogado norteamericano Paolo Di Rosa, socio del estudio internacional Arnold & Porter. Si bien para muchos era una cara desconocida, el estadounidense respondió preguntas y se refirió al caso con una seguridad reveladora: él es, sin duda, quien mejor conoce este litigio, pues desde 2002 ha liderado la defensa nacional.
El veredicto estableció una suma reparatoria de US$ 10 millones para Pey. Este monto sumado a los intereses y costas del juicio se traduciría en un desembolso, por parte del Fisco, de casi US$ 16 millones, apenas 3% de la demanda original (US$ 515 millones). Pero la tarea de Di Rosa aún no ha terminado. El ministro Lavados anunció que el Estado estudia la posibilidad de pedir la nulidad del laudo. Y una vez más el estadounidense -en coordinación con Jorge Carey y su equipo-, estaría a cargo del tema.
Para los abogados chilenos la elección de Di Rosa es acertada. "Sus contactos, sus altos estándares para trabajar y el perfecto manejo que tiene del castellano lo han convertido en un hombre clave para Chile en Washington", dice Andrés Jana, socio de Álvarez, Hinzpeter y Jana, quien conoce desde 2003 a este abogado estadounidense de origen paraguayo.
No se equivoca. A partir de 2002, Di Rosa ha participado en tres de los cinco juicios Ciadi que han tenido relación con el Estado chileno o con empresas nacionales. Por eso no es raro verlo en Santiago al menos dos o tres veces al año. Aquí se reúne con sus clientes, que van desde el Estado -donde se relaciona principalmente con el Ministerio de Economía-, hasta el sector privado. Ahí sus interlocutores son abogados y empresarios locales, los que que pagan, según profesionales del rubro, cerca de US$ 700 por cada hora de su trabajo. Cuando se trata de servicios para el Estado -Chile u otro-, Di Rosa por lo general establece aranceles sustancialmente más bajos.
Experto en Clarín
La relación de Di Rosa (43) con Chile partió a mediados de 2002, casi paralelamente con su desembarco en el estudio jurídico norteamericano White & Case. "Ese año Chile hizo una licitación internacional para elegir el estudio que lideraría la defensa en el caso Clarín. Participaron ocho bufetes, entre estadounidenses y europeos. Finalmente ganó White & Case", explica el abogado Claudio Castillo, ex fiscal del ministerio de Economía y quien asumió el caso Clarín como una de sus tareas más importantes.
El equipo -liderado en esos días por Ronald Goodman- se hizo cargo de la tarea. Este nombró a Di Rosa como interlocutor ante Chile. Di Rosa se dedicó a leer los gruesos volúmenes que contenían las miles y miles de páginas que desde 1997 se acumulaban en torno a la demanda presentada por Pey.
Luego, el abogado, en conjunto con el ministerio de Economía y Carey y Cía, diseñó la estrategia de defensa. Desde entonces, y pese a que se ha cambiado en dos oportunidades de bufete, no ha soltado en ningún minuto el tema: quienes conocen de cerca esta causa indican que no hay nadie en el mundo que la domine más al detalle que él. Instalado hoy como cabeza del área de arbitrajes internacionales del prestigioso estudio Arnold & Porter -situado en Washington-, Di Rosa analiza la conveniencia de pedir la nulidad del laudo. "La decisión final la tiene el Estado chileno", responde a Qué Pasa.
Muy buenos clientes
Pero su relación con el país va más allá: a fines del 2007 celebró el dictamen favorable al estado de Chile que, en primera instancia, otro tribunal de arbitraje del Ciadi le concedió frente a la demanda interpuesta por la pesquera española Viera. Esta exigía una indemnización por la denegación ilegal de permisos pesqueros. En este caso Di Rosa asesoró en materias relativas al derecho internacional y procesales al equipo de Álvarez, Hinzpeter y Jana, que lideró el proceso desde Santiago.
También afina desde hace tres meses -junto a Juan Enrique Allard, socio de Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz- los acuerdos entre la empresa chilena CGE y las provincias argentinas de San Juan, Jujuy y Tucumán. Esto en el marco de la demanda por US$ 125 millones que la eléctrica nacional interpuso -también en el Ciadi- en contra del país vecino por incumplimientos del acuerdo de protección de inversiones en vigor entre ambas naciones, tras la crisis económica que afectó a los trasandinos a comienzos de esta década.
Para Allard, Di Rosa se ha ganado un sitial importante en el país en los temas relativos al Ciadi, porque cumple con un perfil bastante excepcional: "Los juicios en este tribunal exigen un significativo grado de especialización y Paolo lo tiene. A esto se suma su gran conocimiento sobre Latinoamérica. Existen muy pocos abogados que puedan ofrecer esto".
Su expertise no se agota en Chile. Además, formó parte del equipo de defensa de Venezuela que en diciembre del 2007 logró la desestimación total ante una demanda Ciadi de más de US$ 300 millones presentada por una empresa holandesa. Asimismo, el estudio Arnold & Porter, cuyo departamento de litigios internacionales dirige el abogado de origen paraguayo, defiende a los estados de Guatemala, Hungría y Panamá, entre otros.
Di Rosa, por su parte, representa también a la empresa estatal francesa Electricité de France en dos reclamos Ciadi contra Argentina, que involucran montos por US$ 1.200 millones y US$ 250 millones, respectivamente. Además, tras su fugaz paso por Chile, volvió rápidamente a Washington: ahí se encuentra preparando una audiencia en un caso en el cual representa al gobierno de Ecuador contra la petrolera Chevron. La demanda arbitral involucra un reclamo de US$ 1.600 millones.
Tras la pista de Orlando Letelier
Di Rosa nació en Estados Unidos, pero vivió en Paraguay, el país de sus padres, desde los 7 hasta los 17 años. Apenas salió del colegio, viajó a Boston para estudiar en la Universidad de Harvard. De hecho, fue el primer estudiante de un colegio paraguayo en cursar su pre y postgrado en Derecho en ese plantel. Ahí fue compañero del precandidato demócrata para la Casa Blanca Barack Obama.
En 1991 entró a trabajar al bufete Steptoe & Johnson, donde se dedicó principalmente al derecho internacional. "Allí comenzó mi carrera en este ámbito, sobre todo en temas relacionados con Latinoamérica. Por ejemplo, asesoré al gobierno del Paraguay respecto de la petición de extradición de los EE.UU. de un ex colaborador del dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Él finalmente fue juzgado en su país y hasta hoy cumple condena", recuerda Di Rosa.
En 1994, coincidiendo con el comienzo de la administración de Bill Clinton, decidió emigrar al Departamento de Estado, el único lugar que le permitía trabajar el 100% de tiempo en esas materias. "Llegué a ser director de la Oficina de Asuntos Relativos al Hemisferio Occidental. Me tocó participar en variadas tareas jurídicas relativas a América Latina, el Caribe y Canadá, que incluyeron desde litigios hasta la negociación de tratados", explica.
Durante esos años tuvo acercamientos espóradicos con el gobierno chileno, sobre todo para la negociación de un nuevo tratado de extradición -el que existe es de comienzos del siglo XX- que nunca prosperó. En 1999 la relación con el país se estrechó. Ese año detuvieron a Augusto Pinochet en Londres. Janet Reno, fiscal general de Estados Unidos en ese entonces, decidió reabrir la investigación sobre el asesinato de Orlando Letelier -ocurrido en Washington en 1976-. Su idea era analizar nuevas responsabilidades en este caso que seguía formalmente abierto.
"Se designó a unos fiscales del Departamento de Justicia y a agentes del FBI para conducir la investigación. Por motivos de coordinación con la embajada americana en Chile, me designaron para ver el tema. Por eso viajé un par de veces a Chile para auxiliar, en la toma de declaraciones, al equipo del Departamento de Justicia y al FBI", recuerda Di Rosa.
El caso no prosperó y aún sigue abierto en el Departamento de Justicia. Según el abogado, naturalmente con el paso del tiempo cuesta cada vez más encontrar evidencias nuevas.
Aprensiones por Pinochet
A fines de 2001, Di Rosa decidió que ya era tiempo de regresar al sector privado. A mediados de 2002, aterrizó en White & Case, un estudio con dos mil abogados y presencia en 24 países. Se integró al grupo de arbitraje -reconocido internacionalemente- y fue ahí donde comenzó su relación profesional con Chile. "En general los clientes chilenos de Paolo llegaron a él a través de White & Case. Así, por lo menos, fue con los casos Clarín y Viera", dice la abogada estadounidense Angie Armer, quien trabajó en Arnold & Porter y hoy lo hace en Álvarez, Hinzpeter y Jana.
En esa época, Di Rosa se puso de cabeza a estudiar el tema Clarín y tuvo que dejar de lado sus aprensiones sobre lo que a primera vista podía parecer como una defensa a decisiones arbitrarias tomadas en el gobierno de Augusto Pinochet. "Fue complicado, pero luego de empaparme sobre el caso me di cuenta de que se trataba de una controversia netamente jurídica y de que el Estado de Chile tenía toda la razón", explica.
Desde entonces no ha abandonado el tema. "Ha llevado el 100% de la faceta técnica del caso Clarín: él ha alegado ante el tribunal arbitral y personalmente ha escrito las demandas, lideró los interrogatorios y dirigió el trabajo. Ahora, frente a las aristas políticas del caso, ha preferido marginarse", asegura Andrés Jana. Jorge Carey agrega que el brillante trabajo de Di Rosa ha sido vital en la tramitación de la causa y que fue el estadounidense quien primordialmente llevó el caso.
Di Rosa -quien también presidió, desde 2005 hasta fines del año pasado, la Cámara de Comercio Chileno Estadounidense de Washington- se ha convertido en un nombre bastante importante en el entorno jurídico nacional. Tanto que el año pasado tomó la representación de una minera chilena en un juicio comercial contra una empresa asiática. Todo terminó en avenimiento. Asimismo, ha participado recientemente como juez en dos arbitrajes que enfrentan a empresas chilenas del sector financiero con firmas norteamericanas.
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