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La trayectoria de Blas Tomic está marcada por su conocimiento para gestionar sociedades anónimas y maximizar sus resultados. Partió en Codelco, siguiendo los pasos del patriarca de la familia, y luego dedicó 11 años a la industria de las telecomunicaciones. A mediados de los '90 se catapultó como el hombre fuerte de VTR. De hecho, fue el gran motor de su crecimiento entre el 2000 y 2004. El año pasado golpeó la mesa como presidente del Metro al disentir en la forma cómo se estaba apoyando el Transantiago.
Ingeniero civil industrial de la U. de Chile y PhD en Desarrollo Económico en la Universidad de Sussex, reconoce que su vocación siempre ha sido ser ejecutivo de empresas.
-¿Cuál debiera ser el papel del directorio de una empresa pública?
-En esencia no difiere sustancialmente del directorio de una firma privada. Las empresas por definición lo que tienen que hacer, tanto públicas como privadas, es ser eficaces en la misión que se les ha definido desde su nacimiento, y hacerlo con el máximo de eficiencia. El directorio es el encargado de velar para que así sea. La administración es la que tiene a su cargo el día a día y el directorio debe asegurarse que ello suceda dentro de definiciones estratégicas a largo plazo.
-¿Los directorios de empresas públicas han cumplido con esos parámetros?
-No siempre. A veces se confunden los intereses u objetivos del gobierno de turno con los intereses fundamentales del Estado. El Estado es una institución permanente y los gobiernos son transitorios, y aquí hablamos de las empresas que son propiedad del Estado, lo que obviamente significa que no son del gobierno. Por supuesto, el Estado tiene intereses fundamentales que, sin embargo, pueden ser legítimamente modificados en una elección presidencial o por el Congreso. Cuando ése es el caso, es comprensible que el directorio que está a cargo de la gestión de la empresa pública haga los cambios que se requieren para alinearse con lo que el país decidió. Pero eso debe estar en sintonía con lo que yo llamo los intereses fundamentales del Estado, que no son los intereses políticos de corto plazo de quienes están a cargo del Poder Ejecutivo. Todas las empresas públicas, incluidos los servicios públicos, tienen leyes que los rigen y que reflejan su carácter más permanente que el de la contingencia política.
-¿Qué empresa estatal destacaría por la buena gestión del directorio?
-Sin ninguna duda Codelco ha sido por muchos años gestionada por un equipo que de buena fe trata de ajustarse a esos criterios de sana administración de empresas. Eso, sin perjuicio de que puedo discrepar de aspectos específicos de la estrategia que ha seguido durante estos años. Seguramente hay varios otros ejemplos.
-Sin embargo hay casos muy claros que cuando miembros del directorio no apoyan determinadas opiniones del gobierno de turno, simplemente se les pide la renuncia.
-En algunos temas no es fácil trazar esa distinción entre el interés del Estado y el del gobierno, porque es la ciudadanía la que elige a los gobernantes para que administren el Estado, y ahí se produce un espacio de ambigüedad donde aparecen distintas interpretaciones. ¿Cómo y quién define los intereses permanentes del Estado? En una empresa son los accionistas quienes definen la razón de ser, pero es el directorio el que, con plena independencia de los accionistas, lleva a cabo esa misión. Si los accionistas no aprueban la labor del directorio, entonces pueden cambiarlo, pero no corresponde que le den instrucciones en el intertanto.
-Hay veces en que la protección del patrimonio económico de una empresa pública debe ser sinónimo de bien social. ¿Cómo compatibilizar ambas visiones?
-En las empresas públicas a veces el "bien social" se entiende equivocadamente como una especie de obligación de hacer beneficencia pública. La verdad es que todas las empresas y servicios públicos, incluso los que existen para ayudar a los pobres, tienen como primera obligación ser eficientes y cuidar su patrimonio económico. Entregar un servicio subsidiado no tiene nada que ver con ser ineficiente. Y desde ese punto de vista ¿cuál es la diferencia entre el directorio de una empresa pública y el de una privada? Ninguna.
-¿Conoce casos de directorios de empresas públicas donde no haya representantes de alguna tendencia política?
-Me parece que no existen. Pero eso en sí mismo no es objetable, porque puede haber muchos profesionales excelentes, con mente autónoma, que tengan preferencias políticas. Claro que también los hay fuera de los partidos políticos y de las coaliciones que conocemos. En Codelco, por ejemplo, está Nicolás Majluf, quien es un director de lujo. El problema es que en el sector público hay muchas personas que son verdaderos militantes y que se sienten la encarnación misma del interés del Estado, es decir, del accionista que somos todos los chilenos. Están los ministerios, la Dirección de Presupuesto, parlamentarios, intendencias, los directores de servicios, los seremis, los reguladores, etc. Como la administración de la empresa pública interactúa a menudo con todos ellos, se producen múltiples interferencias que desdibujan la necesaria autonomía.
-En este contexto es un gran paso el proyecto de ley para instaurar gobiernos corporativos en las empresas públicas.
-Me parece muy positivo que se produzca el consenso en el mundo político para modernizar el gobierno corporativo de las empresas públicas, tema que ha comenzado a manifestarse progresivamente no sólo con el proyecto de gobierno corporativo, sino también con la redefinición del SEP y de la Alta Administración Pública. Todo eso apunta en la dirección correcta. Y por lo tanto creo que hay base para ser optimista. Pero hay que avanzar mucho más rápido.
-Cuando se creó el SEP se hizo con el ánimo de transparentar y eficientar la administración de las empresas públicas, pero en la práctica se conocen casos que no han ido en esa línea.
-Sí, pero las reformas que se están proponiendo ahora son un gran paso. Creo que el más importante de los últimos años.
-Con esa nueva ley quizás no se repitan casos como EFE, donde el directorio no se percató de lo que estaba haciendo la administración de Luis Ajenjo. ¿Los directorios de las empresas públicas tienen ese papel de contralor?
-No hablaré del caso EFE porque no lo conozco en particular. De modo general, puedo señalar que los directorios son en primer lugar la instancia que define la estrategia y que da los grandes parámetros para la gestión de la empresa. El directorio no está ahí como un ente para reaccionar de manera pasiva frente a lo que hace la administración. El directorio en realidad es la cabeza de la administración de la empresa y no puede rehuir esa responsabilidad. En temas de probidad, lo que le corresponde al directorio es asegurar que haya mecanismos de contraloría y que le rindan informes con independencia de la administración. Cuando una empresa anda mal, sin duda que hay que preguntarse si el directorio hizo las cosas bien, aunque tal vez no sea el único responsable cuando una empresa pierde el camino. Pero un directorio debería estar en condiciones de impedir que eso suceda.
-El directorio de una empresa pública se nombra sobre la base del gobierno de turno. ¿Cómo debiera nombrarse el directorio de una empresa pública?
-Me parece que los directores deberían ser profesionalmente excelentes y completamente independientes. Debería estar compuesto por personas que hagan un aporte sustantivo desde su campo de especialidad a la gestión de la empresa y que comprendan cuáles son las implicancias de la misión fundamental que esa empresa tiene. Esto no es contradictorio con que exista una dimensión política en la designación de los directores de una empresa pública. O sea, dado que las empresas públicas son del Estado y que persiguen algún fin social, sus directores tienen que ser capaces de entender qué es lo que eso significa no sólo en el terreno filosófico, sino que en el caso específico y concreto de la empresa que les va a tocar dirigir. La independencia de juicio del director también es clave, o sea, aplicar siempre y a conciencia su mejor criterio, sin recibir órdenes de nadie. Los accionistas tienen su propia instancia para establecer sus prioridades: la asamblea de accionistas, en la que, entre otras cosas, designan a los directores. Para eso es muy importante que los directores tengan cierta independencia económica, porque de esa forma podrán actuar al interior del directorio de acuerdo a sus convicciones. Y eso no siempre se da cuando en los directorios participan funcionarios del nivel intermedio del aparato público.
-¿Qué más será necesario para continuar con la modernización del Estado?
-Creo que aquí se necesita una modernización integral del Estado. Lo del gobierno corporativo es sólo una parte. Es un proyecto gigantesco y que tomará mucho tiempo. Por eso inevitablemente hay que hacerlo por partes. Mientras no se modernice toda la administración del Estado, una empresa pública con un gobierno corporativo moderno se encontrará de todos modos con un montón de dificultades en su entorno, lo que la hará menos eficiente de lo que debería.
-Pero eso puede tomar fácilmente una década…
-Es un tema tan importante para la sociedad chilena y tan crucial como lo es hoy la reforma educacional. Ésta dará frutos en 20 años más, pero hay que hacerla bien y desde ahora mismo.
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