|
-¿Qué significa ser liberal en Chile?
-"En estos últimos años, ser liberal en Chile se parece cada vez más a lo que significaba en la segunda mitad del siglo XIX: estar en la posición opuesta a un conservadurismo de inspiración religiosa. Con la diferencia que hoy no existe un Partido Liberal, sino unos cuantos liberales en casi todos los partidos", responde el abogado Antonio Bascuñán Rodríguez (45 años, tres hijos, profesor e investigador de la U. Adolfo Ibáñez, consejero del Colegio de Abogados), quizá el intelectual más "liberal entre los liberales" del país.
Hijo de una familia tradicional, estudió en el Saint George's -"todos los que fueron alumnos en ese entonces se identifican con la película Machuca", dice, recordando que fue alumno del quinto básico de 1973, el curso en que se basa el filme- y luego siguió los pasos de su padre, el abogado y ex decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Antonio Bascuñán Valdés, y de su abuelo Aníbal Bascuñán Valdés, también profesor de Derecho.
En las salas de Pío Nono conoció la teoría política liberal. "Antes era vagamente socialcristiano", explica. En esos años se dedicó por su cuenta a leer filosofía. Fue cuando rompió con su educación católica: "Sí, en cierto modo así fue… en la universidad cambiaron las categorías con que veía las cosas y advertí que yo era un católico puramente intelectual y por lo mismo un pésimo intelectual".
Calificado por sus pares como "brillante", "obstinado", "arrogante" y "valiente", Bascuñán ha centrado buena parte de sus esfuerzos intelectuales en la discusión sobre las libertades. Junto a su amigo Jorge Bofill y otros abogados fundó la ONG Libertades Públicas. "Cuando los tribunales prohibieron la exhibición de 'La Última Tentación de Cristo', nos reunimos un grupo proveniente de la Universidad de Chile y otro de la Universidad Católica y unimos fuerzas para levantar una ONG que defendiera las libertades. Llevamos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ganamos y el Estado fue condenado", dice. También asumieron -junto a otras ONG- la defensa de la jueza lesbiana Karen Atala.
Hoy hoy trabajan por la igualdad de derechos de las parejas homosexuales, la evaluación de la libertad de expresión, la crítica a las reformas a los procedimientos de la justicia y la ética de la profesión de abogado.
Bascuñán es uno de los penalistas que más han profundizado en asuntos de bioética, como el aborto y la eutanasia. En esta entrevista de Qué Pasa, el abogado se pronuncia sobre la polémica suscitada por estos días tras la negativa de algunas cadenas farmacéuticas a vender la píldora del día después y también se explaya sobre sus batallas liberales: contra la discriminación de las parejas gay y a favor de una nueva legislación sobre el aborto, por ejemplo.
La objeción de conciencia
-¿Qué le ha parecido el debate que se suscitó por la decisión de algunas farmacias de no vender la píldora del día después?
-En lo esencial es el mismo debate que tenemos desde 2001. Se sostiene que la píldora produce un efecto impeditivo de la anidación. Antes se decía que por esa razón no podía autorizarse su fabricación y hoy por la misma razón se dice que no puede exigirse su existencia en las farmacias.
-Los dueños de farmacias invocaron la objeción de conciencia.
-Esa es la novedad en el debate. Era previsible, eso sí. Hace tiempo que la estrategia está definida: si no se tiene la mayoría política, se acude a los tribunales; y si no se logra el objetivo por esa vía, se pasa al boicot en la sociedad civil. La objeción de conciencia es una manera de ejercer ese boicot.
-¿Es un argumento válido a su juicio?
-La objeción de conciencia y la desobediencia civil son conceptos muy problemáticos, porque cuestionan la obligación de obedecer el derecho. Es algo completamente distinto a invocar una libertad básica. La objeción de conciencia no impugna la validez de la ley o la orden administrativa, sino que reclama un trato excepcional de exención. Que yo sepa, sobre el punto no hay precedentes entre nosotros. Es más un argumento para justificar una regla legal que una decisión judicial. En todo caso las condiciones son muy estrictas. Lo primero es que sea razonable aceptar que el cumplimiento de esa obligación afecta de un modo particularmente violento las convicciones íntimas del afectado. También que el afectado no se haya puesto voluntariamente en situación de tener que cumplirla. Finalmente, el objetor tiene que estar dispuesto a reconocer al discrepante de su postura el mismo margen de disidencia.
-¿Esas condiciones se cumplen en este caso particular?
-Ninguna de esas condiciones pareciera cumplirse en este caso.
-¿Cómo así?
-No es razonable entender que la actuación como intermediario comercial sea una acción personalísima. Además, los afectados se han puesto en la situación de tener que vender productos definidos por la política de salud del gobierno. Por otra parte, es bastante obvio que ninguno de estos objetores tiene disposición a la reciprocidad. Recuerde que aducen objeción de conciencia frente a la resolución del gobierno porque consideran abortivo el fármaco. ¿Acaso imagina usted que estarían dispuestos a reconocer una exención a las mujeres que abortan por una objeción de conciencia frente a las normas del Código Penal? Finalmente, si es efectivo que algunos de los afectados comercian con la píldora en otros países, bueno, la sinceridad de su objeción de conciencia es nula.
-El argumento prolibertad de mercado sostiene que si no se le puede exigir a un dueño de supermercado que venda ciertos productos ¿por qué se sanciona a una farmacia que no vende ciertos fármacos?
-El consumo masivo de bienes se sujeta a condiciones de mercados regulados; es decir, mercados en los que la regulación estatal restringe las posibilidades de acción de los proveedores e intermediarios. Eso no representa por sí mismo una afectación ilegítima de la libertad económica. Tratándose del mercado farmacéutico, además, hay que tener presente que el Estado tiene el deber de garantizar el goce del derecho a la salud. Que el suministro se haga a través de las farmacias y no directamente por oficinas estatales es una consecuencia del respeto al principio de la prioridad del mercado.
-¿Pero exigir su existencia en las farmacias acaso no es imponer su consumo?
-Que la píldora sea accesible no constriñe a nadie a usarla. Que sea inaccesible impide a todos usarla. Esa es la asimetría básica entre una postura favorable a la libertad y una postura contraria a la libertad: una sociedad donde se garantiza la libertad incluye a los que no desean ejercerla, una sociedad donde no hay libertad excluye a los que aspiran a su ejercicio.
Derechos de homosexuales
Recién salido de la universidad, Bascuñán trabajó como asesor legal, hizo clases en la Universidad Diego Portales y en la U. de Chile y fue investigador del Instituto Libertad y Desarrollo.
-¿Qué coincidencias tiene hoy con ese mundo... con el LyD, por ejemplo?
-Estando en juego cuestiones económicas, bastante. Sigo pensando que la difusión de la propiedad privada es una condición necesaria y eficiente para asegurar la libertad. A partir de ahí, cada vez menos. Su defensa del capitalismo se basa en una combinación de utilitarismo radical en ciertos ámbitos y dogmatismo moral en otros, y no comparto ninguna de esas dos actitudes. En todo caso, mis diferencias de opinión no me impiden reconocer en muchas de las personas que trabajan en el LyD un ejemplo de vocación por los asuntos públicos.
Una de las primeras batallas morales en que se enfrascó Bascuñán fue a fines del 2003, cuando un joven regente de un sauna gay extorsionó al entonces juez del caso Spiniak, Daniel Calvo. "La discusión acerca de la sanción disciplinaria a Calvo se estaba dando bajo deliberada omisión de la connotación homosexual del hecho que se consideraba indecoroso. Frente a eso, sostuve que si no se decía expresamente cuál era el comportamiento decoroso para un juez homosexual se incurriría inevitablemente en discriminación.
Hubo contradictores, como era de esperar. Pero en el nivel editorial de los medios de comunicación y en la propia decisión del pleno de la Corte Suprema quedó sentado el principio de que la orientación sexual minoritaria estaba amparada por un derecho a la libertad personal".
-Usted está luchando para que se reconozcan los derechos de los homosexuales…
-No sé si eso de "estar luchando" describa bien lo que tratamos de hacer. Por supuesto que tenemos objetivos públicos y queremos lograrlos. Pero procuramos ante todo contribuir al debate con más información y mejores argumentos. En lo que se refiere a discriminación, claro, observamos la situación y reaccionamos. Actualmente estamos realizando un trabajo lo más exhaustivo posible de los derechos y deberes, privilegios y cargas que se asocian al estatus conyugal. Pensamos que sin esa contribución la discusión girar en el vacío.
-Ya fue presentado un proyecto de ley al respecto.
-Sí, existe un proyecto presentado en el Congreso y un anteproyecto entregado a la presidenta. Ninguna de esas propuestas nos parece satisfactoria. Pensamos que cualquiera que sea el margen de derechos que se otorguen a las parejas de un mismo sexo en una primera decisión legislativa, ella debe tener el sentido de un acto de reconocimiento estatal del sentido personalísimo de esa relación humana.
-¿Y eso no es obvio?
-Para nada, el conservador está dispuesto a otorgar derechos patrimoniales a las parejas de un mismo sexo, pero sólo porque eso no implica reconocimiento. Detrás de esa negativa hay una concepción de la moral sexual que considera intrínsecamente inmoral la orientación homosexual.
-¿Y no es legítimo que algunos tengan esa idea?
-Implica declarar a una orientación sexual como moralmente superior a otra. ¿Qué le parece si yo digo que una raza es superior a otra?
-¿Hasta dónde quieren llegar con la igualdad de reconocimiento e inclusión en la sociedad?
-Mire lo que sucede en el mundo. En algunos casos, la igualación total se ha dado de una sola vez. En otros, por etapas sucesivas. Los pasos de ese proceso son: derechos puramente patrimoniales, derechos patrimoniales con significación personal, derechos personalísimos recíprocos de los miembros de la pareja y finalmente derechos de filiación. Lejos lo más difícil, aun en sociedades libertarias, es el último paso.
-¿Y hasta dónde cree usted que se debe llegar?
-Hasta la igualdad plena, obvio. ¿Qué desigualdad podría no ser discriminatoria?
-Hay algunos que lo consideraban "iluso" al dar estas batallas. En Chile no hay piso para estos debates...
-Cuando el punto de vista común está cargado a un extremo, la postura moderada paga el costo de la excentricidad. ¿Usted cree que en algún país civilizado lo que digo sería motivo de noticia?
La ley sobre el aborto
Bascuñán es de los chilenos que públicamente está a favor de cambiar la ley sobre el aborto. En esta batalla ha tenido oponentes férreos. De hecho, tuvo un duro intercambio epistolar en El Mercurio con Gonzalo Ibáñez, ex rector de la UAI. Otros profesores del mismo plantel -pares de Bascuñán- también dispararon en su contra.
"En el debate sobre anticoncepción y reproducción asistida, los argumentos conservadores siempre apelaban al aborto como tabú para terminar la discusión con un golpe en la mesa. Había que terminar con el tabú y por eso intervine esa vez", dice el abogado.
-Usted es el único penalista en Chile que tiene como línea de investigación la justificación del aborto consentido. ¿Se siente muy solo en esa postura?
-Es cierto, soy el único que tiene una línea de investigación de más de diez años con varias publicaciones sobre el tema. Pero la idea de que la prohibición absoluta del aborto no es justa es compartida en Chile en varios artículos especializados sobre el tema y por todos los libros generales de derecho penal.
-¿Y en qué consiste la solución que propone?
-Primero, entender que éste es un problema de justicia distributiva. El problema primario no es el aborto, sino el embarazo no deseado. Una mujer se encuentra en un dilema que ningún hombre tiene que enfrentar: no puede vivir su sexualidad y conservar su capacidad reproductiva sin poner en riesgo su desempeño en el trabajo o su educación. La primera decisión es, por lo tanto, implementar un programa público de apoyo a la maternidad que procure la redistribución de esa carga.
-¿Usted considera un derecho legítimo de la mujer poder abortar?
-Estoy a favor de concederle a la mujer el derecho de tener en sus manos la última palabra. Sujeto eso sí a condiciones y a plazos. Fijar un plazo para interrumpir el embarazo es una decisión a favor de la vida del feto. El conservador sólo ve en el sistema del plazo una libertad absoluta para abortar. Pero en realidad ese plazo es un límite duro. El primer mes pasa desapercibido y el segundo transcurre en estado de shock. La mujer tiene en rigor un mes para decidir.
-¿Y eso es todo?
-No. Si se establece el sistema del plazo surge la pregunta por el procedimiento que debe seguirse para ejercer la decisión de interrumpir el embarazo. Aquí la gran diferencia se encuentra en si se deja el procedimiento a cargo de la mujer y su médico, o si se hace intervenir a un funcionario del Estado, en una entrevista previa. La finalidad de esa entrevista es hacer presente ante la mujer la significación del hecho en relación con la vida del feto y darle información sobre los programas sociales de asistencia.
-Pasar de la penalización del aborto a favorecer la maternidad.
-Exactamente. La Constitución ordena al legislador proteger la vida del que está por nacer. No le ordena protegerla con amenaza de cárcel, pero sí protegerla de un modo efectivo. Si el legislador pasa de una protección mediante la cárcel a una protección mediante políticas sociales, la entrevista es el modo de asegurar la efectividad de esta otra forma de protección. Este es el argumento de fondo que tuvo el Tribunal Constitucional Federal alemán para aceptar la solución del plazo con consejo forzoso. Ese argumento es íntegramente aplicable a la situación chilena. Es una vergüenza que en las Facultades de Derecho no se lo conozca ampliamente.
-¿Y por qué no se lo conoce?
-Por el tabú, por vocación localista y también por omisión deliberada de tanto profesor conservador.
-Una pregunta personal: ¿si su hija quisiera abortar, que le diría?
-Tengo una hija de 12 años y espero que la educación que ha recibido contribuya a que nunca se encuentre en esa situación. Pero poniéndome en ese caso y suponiendo que la ley la autoriza a decidir, yo la ayudaría a evaluar hasta dónde ese embarazo amenaza con destruir por completo su plan personal de vida. Si el hecho es llevadero sin que su plan de vida se destruya, le haría ver que a la larga hace más sentido una vida enfrentando los desafíos que eludiéndolos. Y que eso es especialmente verdadero tratándose de los hijos, que cambian la vida para siempre porque son la mejor fuente de sentido. En todo caso, le aseguraría que la decisión es suya y que yo estaré a su lado, para ayudarla o consolarla.
- ¿En estos temas hubiera esperado más de los gobiernos de la Concertación?
-Lo esperable en una coalición de gobierno por tantos años es un esfuerzo serio por establecer las bases de un proyecto común en estas materias. No excluir el asunto de la agenda, ni menos hacer provocaciones estériles. Y algo deben tener en común. Al fin y al cabo, fue la Democracia Cristiana la que hizo posible la planificación familiar en Chile, ¿o no?
Religión y Vaticano
A Bascuñán le incomoda que le pidan que se defina religiosamente. "Si he de calificarme por los criterios de las tres religiones semíticas, tendría que declararme ateo. No creo en un Dios que escribe libros, hace alianzas e interviene en las batallas decidiendo su curso. No creo en otra vida, ni de un alma separada del cuerpo ni menos de cuerpos resucitados. No creo en el pecado original ni en un castigo o bienaventuranza eternos. Luego, tampoco creo en esa necesidad de redención".
Sin embargo no queda conforme con esa calificación: "Es que tampoco comparto el tipo de actitud materialista o racionalista que usualmente acompaña al ateísmo al enfrentar la cuestión del sentido de la vida".
-¿Será la marca de su educación en el Saint George's?
-No. Es una inclinación mística que no tiene que ver con ese colegio. Su marca está en todo caso en mi inconformismo. Bajo el modelo de los curas que conocí es preferible un descreído compasivo y con indignación frente a la injusticia que un creyente duro de corazón.
-¿Qué piensa del rol que juega la Iglesia Católica en la discusión de los temas llamados valóricos?
-Distingamos entre la Iglesia Católica, que es la comunidad de fieles, vasta y plural, y la jerarquía clerical, que monopoliza la visibilidad de esa Iglesia y mantiene un discurso público alineado bajo el magisterio eclesiástico del Obispo de Roma. El discurso del Obispo de Roma es heredero de una tradición doblemente valiosa. Es una tradición de independencia crítica del poder civil y es también una que confía en la capacidad humana de deliberación racional de las cuestiones morales. El problema es que en la práctica actual esa deliberación racional ha sido sustituida por el dogmatismo y su vocación crítica se ve ampliamente superada por su inclinación a manipular la coacción estatal. Le falta la disciplina cívica que exige la modernidad.
-¿Al Vaticano le falta disciplina cívica?
-En una sociedad moderna nadie puede aspirar a que el orden social refleje la identidad de su forma particular de vida. Las reglas sobre libertades básicas representan un límite para cualquier aspiración de homogeneidad cultural.
-¿Eso es compatible con el catolicismo?
-Lo ha logrado en lo que se refiere a la libertad religiosa, ¿no? El discurso católico aprendió a distinguir entre la vigencia de su pretensión de verdad y la legitimidad de la práctica de otra religión o el ateísmo. Entendió que aceptar lo segundo no implica renunciar a lo primero. Claro, se demoró trescientos años más que el discurso liberal, pero lo logró.
-¿Qué le queda a usted de católico?
-Algo de cristiano, al menos. Me queda la admiración por el profeta de Galilea, el interés en su prédica y la disposición a acoger su exhortación al amor. Y también la esperanza.
|
